Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial

2. Los cotos particulares pueden constituirse sobre terrenos de uno o de más propietarios, siempre que los terrenos que los integran sean contiguos. En el caso de caza menor, en terrenos de un único propietario, la superficie total de la parcela o conjunto de parcelas catastrales contiguas que los integran tiene que ser igual o superior a 25 hectáreas en el caso de Mallorca y de 20 en las otras islas; en terrenos de varios propietarios, la superficie total de las parcelas catastrales contiguas que los integran tiene que ser igual o superior a 60 hectáreas en el caso de Mallorca y de 50 en las otras islas. Para la caza mayor, las extensiones mínimas requeridas son 150 y 300 hectáreas respectivamente. En el caso de fincas cuya propiedad pertenezca de forma proindivisa a diferentes titulares, es necesaria la mayoría establecida en el artículo 398 del Código Civil, como requisito de obligado cumplimiento para su integración en el coto.

3. La titularidad del coto corresponde a la persona física o jurídica que ha obtenido su declaración como titular de los terrenos o por cesión documentada de los derechos cinegéticos de los titulares. En caso de cotos constituidos sobre terrenos de varios propietarios, éstos tienen que constituir una asociación o comunidad de propietarios para la gestión del coto o alternativamente efectuar la cesión de sus derechos en favor de quien tiene que ostentar su titularidad.

4. El arrendamiento de los derechos de aprovechamiento de un coto particular de caza puede ser inscrito por sus titulares en el registro habilitado al efecto en la consejería competente en materia de caza. En este registro deben figurar: el número del coto, el titular en calidad de arrendador, el período de arrendamiento, los datos personales de los cazadores arrendatarios y del que quede designado como responsable del coto por el período de arrendamiento.

5. La inscripción del arrendamiento puede implicar, si así se hace constar, el cambio de titularidad del coto a favor del arrendatario, quien en este caso asumiría ante la administración las prerrogativas y responsabilidades que se derivan de la aplicación de esta ley y de las normas que la desarrollan, quedando exonerado a todos los efectos el titular de los terrenos. Este cambio de titular se efectúa a instancia del titular del coto y para el período de tiempo acordado entre éste y el arrendatario, garantizando el cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.2 de esta ley.

6. La transmisión de titularidad de un coto particular, en caso de que éste coincida con el titular de los terrenos, se efectúa a petición del nuevo con la presentación de los documentos acreditativos de la transmisión. Si el coto está integrado por fincas de distinta titularidad, el cambio de titularidad se tendrá que acreditar con la voluntad de la mayoría, o si ésta falta, la titularidad se transferirá a favor de quién acredite la mayor representación. En caso de transmisión*mortis causa*será necesario acreditar la voluntad de la mayoría absoluta de titulares de los terrenos a favor del nuevo titular cinegético.

Por ello, las armas deben llevarse descargadas cuando se transite por una zona de seguridad. Se entiende que un arma está cargada cuando puede ser disparada sin necesidad de introducir en ella la munición.

Con carácter general, se prohíbe disparar en dirección a una zona de seguridad, siempre que pueda llegar a ésta el proyectil; salvo que la configuración del terreno intermedio sea de tal forma que resulte del todo imposible batir la zona de seguridad.

f) Cualquier otra que, por sus características, sea declarada como tal por la consejería competente en materia de caza, mediante resolución publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. En los supuestos previstos en las letras b) y e) del apartado anterior, los límites de las zonas de seguridad son los que para cada caso establece su legislación específica como de dominio público.

5. Las distancias de seguridad establecidas con carácter general en el punto precedente quedan adaptadas con carácter específico en los siguientes casos:

a) El que se establezca en una autorización especial expedida por la administración competente en materia de caza, de acuerdo con el artículo 39 de esta ley.

b) En las zonas de seguridad relativas a edificios habitables aislados o a edificios agrarios o ganaderos en uso, el titular de estos edificios o parcelas podrá autorizar por escrito el ejercicio de la caza cuando sea necesaria para prevenir perjuicios ocasionados por las especies cinegéticas a cazadores autorizados en el coto que incluye la parcela, siempre que no afecte a zonas públicas o a terceros.

6. A pesar de lo que se dispone en este artículo, en los tramos de torrentes incluidos en cotos de cualquier categoría puede practicarse la caza, excepto en los casos en que la consejería competente en materia de caza dicte resolución en sentido contrario, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Un tramo de torrente se considera incluido en un coto cuando forman parte del mismo sus dos márgenes.

6. La gestión de los refugios de fauna, una vez hayan sido declarados como tales, corresponderá a quien haya instado su declaración, con la conformidad de la propiedad, en las condiciones fijadas reglamentariamente.

7. La administración competente en materia de caza expide la matrícula anual acreditativa de la condición de refugio de fauna de un terreno, previo pago de la tasa correspondiente. Los refugios de fauna declarados de oficio por parte de la administración están exentos de pagar matrícula anual.

8. La declaración de un refugio de fauna estará vigente en tanto se mantengan los requisitos y se cumplan las obligaciones establecidas en esta ley y en la normativa que la desarrolla.

a) Licencia de caza válida y vigente, de conformidad con las determinaciones de esta ley.

d) En el caso de utilización otros medios de caza, las autorizaciones pertinentes, de acuerdo con las disposiciones de aplicación.

e) Documento original o copia compulsada acreditativa de la autorización del titular cinegético del terreno para practicar la caza en dicho terreno, excepto si se va acompañado por éste.

f) Seguro de responsabilidad civil en vigor del cazador, en el caso de caza con arma de fuego.

g) Cualesquiera otros documentos, permisos y autorizaciones exigibles en virtud de lo establecido en la presente ley.

2. El cazador debe llevar encima, durante la acción de cazar, la documentación relacionada en el apartado anterior.

3. Podrá exonerarse al cazador de llevar encima algunos de los documentos relacionados en el primer punto de este artículo cuando sea posible verificar sobre el terreno la tenencia del documento vigente, y la administración competente disponga de los medios técnicos para hacerlo.

2. Los importes aplicables por la expedición de las licencias y autorizaciones administrativas de caza son fijados por la consejería competente en materia de caza y aprobados de conformidad con la legislación autonómica en materia de tasas, precios públicos y exacciones reguladoras.

3. La consejería competente en materia de caza puede establecer la exigencia de contar con una licencia o una autorización especial para cazar con aves de cetrería, hurones, reclamo de perdiz macho o de poseer rehalas de perros con finalidades de caza.

4. Los observadores, bateadores o secretarios que asistan en calidad de tales, sin llevar armas de caza, a vareos o batidas, no necesitan licencia de caza.

6. La licencia de caza debe ser expedida por el consejo insular de la localidad de residencia del titular y habilita para ejercer la caza en todas las Illes Balears.

7. El periodo de validez de estas licencias es de un año. Sin embargo, y a petición del cazador, se pueden expedir licencias de hasta tres años de validez, haciéndolo constar en la misma cartulina.

8. La consejería competente en materia de caza podrá establecer la expedición de licencias temporales, para periodos de un mes, para cazadores no residentes. El reconocimiento de la aptitud de estos cazadores se establecerá reglamentariamente.

9. Los peticionarios de licencias de caza que hayan sido sancionados por sentencia judicial o resolución administrativa firmes, como infractores de la legislación en materia de caza, no pueden obtener o renovar la citada licencia sin acreditar, previamente, que han cumplido las penas y satisfecho las sanciones impuestas.

10. Para obtener la licencia de caza, el menor de edad mayor de 14 años no emancipado, o de 16 para la práctica de la caza mayor, requiere la autorización expresa y por escrito de quien ostente su representación legal, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 6 de la presente ley.

11. Los ciudadanos de la Unión Europea que acrediten la condición de jubilados, pensionistas o mayores de 65 años, están exentos de tasas para obtener licencia de caza y otras autorizaciones administrativas, excepción hecha de la matrícula anual de cotos y campos de entrenamiento de perros.

12. La consejería competente en materia de caza puede establecer acuerdos con otras comunidades autónomas para el reconocimiento de la validez en los territorios respectivos de las licencias de caza expedidas por cualquiera de las dos administraciones.

2. Corresponde a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears determinar reglamentariamente el temario y el tipo de pruebas, que versarán sobre el conocimiento de la normativa cinegética, las modalidades y las artes materiales utilizadas para ejercer la caza, la distinción de las diversas especies animales, las medidas de seguridad y la educación cinegética, sin perjuicio de otras materias.

3. Corresponde a los consejos insulares la convocatoria y la realización de las pruebas, la realización de cursillos, en su caso, y la expedición del documento de habilitación a los interesados que las hayan superado y cumplan el resto de requisitos normativamente exigibles.

4. La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears puede establecer acuerdos con otras comunidades autónomas para el reconocimiento mutuo de la validez del documento de habilitación, así como fijar reglamentariamente criterios de convergencia, períodos transitorios y otras excepciones al examen previsto en el punto 1 de este artículo, así como cursillos de formación dirigidos a la superación del examen, y su realización por parte de entidades públicas y privadas.

5. Los titulares de un mínimo de licencias de caza por dos años en los cinco últimos previstos a la entrada en vigor del reglamento con la determinación del temario previsto en el punto 2 anterior, quedan exentos de las pruebas previstas en el presente artículo. La administración competente en materia de caza entregará a los cazadores exentos un material didáctico con el objeto de actualizar los conocimientos sobre los contenidos previstos en el punto 2 de este artículo.

6. Los infractores sancionados por faltas muy graves previstas en esta ley deben pasar por las pruebas de aptitud para poder obtener nueva licencia de caza.

2. Esta autorización es personal e intransferible y faculta a su titular para ejercer la caza bajo las condiciones fijadas en la misma autorización y en el plan técnico de caza correspondiente.

3. No obstante lo expresado en el punto anterior, en los cotos privados de caza un cazador autorizado por el titular podrá cazar con un cazador acompañante si así lo faculta expresamente la autorización expedida por el titular.

Por lo que se refiere a la modalidad tradicional de caza de cabras con perros y lazo, y si así lo faculta expresamente la autorización expedida por el titular, un cazador autorizado por éste podrá cazar con más de un cazador acompañante.

4. Las autorizaciones para cazar en los terrenos cinegéticos, que han de ser emitidas en modelo normalizado por resolución de la administración competente en materia de caza, se clasifican en los siguientes tipos:

a) Autorizaciones en cotos de sociedades locales. Son autorizaciones a favor de los miembros de las sociedades que sean titulares de aquéllos. Pueden ser sustituidas por un carné identificador del socio, con notificación previa por parte de la sociedad de cazadores al socio y a la administración competente de los contenidos de la autorización para la temporada de caza en cuestión.

b) Autorizaciones en cotos intensivos, sociales, públicos y terrenos de caza controlada. Se regulan según lo que establezca su plan técnico.

c) Autorizaciones en cotos particulares. Estas autorizaciones son emitidas por temporada de caza.

d) Autorizaciones a cazadores invitados. Son extendidas por el titular cinegético del coto por una sola jornada de caza.

e) Autorizaciones a un acompañante. Se ajustan a lo previsto en el punto 3 de este artículo.

5. Queda prohibido expedir autorizaciones que no se ajusten a las previsiones del presente artículo y a las previsiones aprobadas en el plan técnico del coto, así como las que sean extendidas sin haber satisfecho la matrícula anual del coto.

6. El titular del coto podrá delegar, previa comunicación escrita al consejo insular correspondiente, la expedición de autorizaciones de caza en la persona que considere oportuno.

1. Quedan prohibidos los siguientes tipos de armas y/o utensilios para el ejercicio de la caza:

1.1 Métodos considerados masivos y/o no selectivos:

a) Escopetas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador pueda contener más de dos cartuchos.

b) Trampas no selectivas en su principio o en sus condiciones de uso.

c) Redes, lazos (excepto los permitidos expresamente por la normativa de caza), cepos, trampas, venenos, cebos envenenados o tranquilizantes.

d) Visco.

e) Explosivos.

f) Asfixia con gas o humo.

g) Ballestas.

h) Anzuelos (excepto para el ejercicio de la pesca).

1.2 Métodos prohibidos que no se consideran masivos y/o no selectivos:

a) Armas de aire comprimido.

b) Armas que disparen dardos tranquilizantes.

c) Armas de fuego del calibre 22 de percusión anular.

d) Cualquiera otro tipo de armas que reglamentariamente se determine.

e) Polleras: jaulas sin suelo, ubicadas en el suelo para retener aves.

b) Abandonar en el lugar donde se ha desarrollado la secuencia de tiro, las vainas de los cartuchos utilizados.

c) Tener y usar munición identificada y destinada al control de procesionaria durante la caza.

d) Usar cartuchos de postas con carácter general y cartuchos cargados de perdigones para abatir cabras.

e) Otras municiones que reglamentariamente se determinen.

3.1 Métodos auxiliares considerados masivos y/o no selectivos:

a) Animales ciegos o mutilados utilizados como reclamo.

b) Grabadoras y magnetófonos, aparatos electrocutantes, dispositivos eléctricos y electrónicos que pueden matar o aturdir.

c) Fuentes luminosas artificiales, espejos, dispositivos de iluminación de blancos, dispositivos de visor que incluyan un convertidor de imagen o un amplificador de imagen electrónico para tiro nocturno.

3.2 Métodos auxiliares prohibidos que no se consideran masivos y/o no selectivos:

4. Cazar en los llamados días de fortuna, es decir, en aquellos días en los que como consecuencia de incendios, epizootias, inundaciones, sequías u otras causas, los animales se ven privados de sus facultades de defensa u obligados a concentrarse en determinados lugares.

5. Cazar cuando por la niebla, la lluvia, la nieve, el humo y otras causas se reduzca la visibilidad de forma tal que se vea mermada la posibilidad de defensa de las piezas de caza o pueda resultar peligroso para las personas o para los bienes. En todo caso, se prohíbe cazar cuando la visibilidad sea inferior a 100 metros.

6. Cazar sirviéndose de animales o vehículos de cualquier tipo como medios de ocultación o aproximación a las piezas de caza.

15. Cazar, con cualquier modalidad, incumpliendo las disposiciones que la regulan.

16. Provocar la destrucción, el deterioro o la alteración de viveros o nidos, guaridas y otros lugares de cría o refugio de especies cinegéticas, así como la recogida y la retención de las crías y sus huevos, aunque estén vacíos, y su circulación y venta, excepto con autorización especial de la consejería competente en materia de caza.

17. Realizar cualquier práctica que tienda a ahuyentar, atraer o espantar la caza existente en terrenos ajenos.

27. Cazar en terrenos agrícolas en explotación en todo momento si la acción del cazador o de sus animales puede suponer una alteración o un perjuicio para los ganados, las plantas o las cosechas, a no ser que se disponga del consentimiento del propietario o titular agrícola. Se excluyen expresamente de la prohibición los higuerales, olivares, algarrobales y almendrales.

28. Incumplir cualquiera otro precepto o limitación de esta ley o que para su desarrollo se fije reglamentariamente.

2. En los predios en los que estén segadas las cosechas, aunque los haces o las gavillas se encuentren en el terreno, se permite cazar las diferentes especies de acuerdo con las vedas o condiciones que para cada una se determine; pero queda prohibido pisar o cambiar los haces o las gavillas del lugar en donde estén colocados.

3. En el supuesto que la producción agrícola, ganadera o forestal de una finca se vea perjudicada por las piezas de caza, la consejería competente en materia de caza, a instancia de parte, debe realizar una evaluación de las circunstancias, así como de sus repercusiones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley puede autorizar al titular del coto, al propietario o el agricultor con conocimiento del titular del coto, a adoptar medidas extraordinarias de carácter cinegético para el control de la especie o las especies que ocasionen estos perjuicios. La administración cinegética o agraria podrá aplicar directamente las medidas de control necesarias, previa comunicación al titular.

2. Los titulares de aprovechamientos cinegéticos son responsables de los daños materiales generados a los cultivos y al arbolado por las piezas de caza dentro de sus terrenos y colindantes, siempre que los daños fueran evitables mediante la aplicación del correspondiente plan técnico de caza aprobado o autorizaciones de control de especies. Subsidiariamente, son responsables de éstos los propietarios de los terrenos, con la excepción de aquellos casos en los que la causa del daño es debida a un tercero, ajeno a los anteriores. En el caso de zonas de caza controlada, si la consejería competente en materia de caza ha cedido su aprovechamiento cinegético a una sociedad de cazadores, responderá ésta y, subsidiariamente, la consejería competente en materia de caza.

3. Las compensaciones derivadas de estas responsabilidades se ajustan a las prescripciones de la legislación civil ordinaria, así como al derecho de repetición en los casos de responsabilidad solidaria, cuando se trata de cotos constituidos por asociación.

1. La Comisión de caza mayor y homologación de trofeos es un órgano colegiado con participación social, adscrito al departamento competente en materia de caza del Consejo de Mallorca, cuya función es fomentar la caza de cabra salvaje mallorquina y homologar los trofeos de esta variedad y otros que le sean sometidos con este objetivo.

2. Su composición y su régimen de funcionamiento serán los que determine reglamentariamente el consejero competente del Consejo de Mallorca. El resto de consejos insulares podrán designar un vocal.

2. Las funciones de vigilancia, inspección y control de la actividad cinegética en las Illes Balears corresponden a la administración competente en materia de caza, a través de sus agentes de medio ambiente, con los guardas de campo y celadores como auxiliares de los primeros, sin perjuicio de las competencias que corresponden a los cuerpos y a las fuerzas de seguridad.

3. La consejería competente en materia de caza puede habilitar para estas funciones, a propuesta de las respectivas administraciones, personal funcionario de los ayuntamientos o de los consejos insulares, que acredite una formación específica en materia cinegética, en los términos establecidos reglamentariamente.

4. Igualmente, pueden ser habilitados, para colaborar con el personal enumerado en los apartados anteriores, celadores privados de caza, celadores federativos de caza, así como cualquier otro personal de vigilancia de caza y protección de la naturaleza, debidamente acreditado, de acuerdo con su legislación específica y con las prescripciones de esta ley. Estos celadores no tienen la condición de agentes de autoridad, y su competencia se limita al ámbito de los terrenos en los que estén habilitados.

5. En las denuncias formuladas contra los presuntos infractores, las declaraciones de los agentes de la autoridad tienen valor probatorio en su ámbito de actuación, sin perjuicio de las pruebas que en su propia defensa puedan señalar o aportar los denunciados.

6. Los agentes de la autoridad con sus auxiliares, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control y en su ámbito territorial de actuación, pueden identificar a los practicantes de las actividades objeto de regulación por la presente ley y tienen derecho de acceso a todo tipo de terrenos rurales, cinegéticos o no cinegéticos, tanto cerrados como abiertos, sin aviso previo, así como a las instalaciones, recintos cerrados, vehículos, recipientes y cualquier otro elemento relacionado con las materias reguladas en esta ley, con todos los elementos auxiliares para el desarrollo de su tarea. En el caso del domicilio, el acceso se llevará a cabo de acuerdo con la legislación vigente.

1. La graduación de las sanciones se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes elementos:

a) Nocturnidad, excepto en los casos en que, de conformidad con lo que dispone la presente ley, sea constitutiva por sí misma de infracción administrativa.

b) Caza en tiempo de veda, excepto en los casos en que, de conformidad con lo que dispone la presente ley, sea constitutiva por sí misma de infracción administrativa.

3. Cuando un solo hecho sea constitutivo de dos o más infracciones, se impondrá la sanción que corresponda a la infracción de mayor gravedad en la mitad superior de su cuantía o en grado máximo en caso de reincidencia, estimándose la concurrencia con las otras infracciones como un elemento a considerar en la graduación de la sanción a imponer. Cuando en la comisión de la infracción hayan intervenido diferentes personas y no sea posible determinar el grado de participación de cada una, responderán de forma solidaria de las infracciones que hayan cometido y de las sanciones e indemnizaciones que, en su caso, se impongan.

4. Si se trata de perros, hurones, aves de cetrería, reclamos de perdiz u otros animales similares, el decomiso se somete al régimen expuesto a continuación:

a) Los perros utilizados para cometer una infracción de caza podrán ser decomisados y dispuestos en una entidad de acogida de animales oficial o concertada, con sujeción a las siguientes normas:

a.1 El rescate de los perros exigirá el ingreso previo de 200 euros por unidad a favor de la comunidad autónoma de las Illes Balears, sin perjuicio de la obligación adicional del propietario de abonar al centro de acogida el importe del coste de mantenimiento de los animales.

a.2 Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución administrativa correspondiente sin que se hayan recogido los animales, éstos se cederán a una entidad de acogida de animales oficial o concertada, o podrán ser sacrificados.

a.3 En los casos en que por motivos de fuerza mayor o imposibilidad material no se pueda proceder al decomiso de los perros, éstos se dejarán en poder del supuesto infractor en calidad de depósito, el cual se documentará mediante recibo que se adjuntará a la denuncia. En estos casos, la multa que deba corresponder por la comisión de la infracción se incrementará en 200 euros por animal utilizado en la infracción.

b) En aquellos supuestos de utilización de hurones, aves de cetrería, reclamos de perdiz u otros animales similares como medio para cometer una infracción administrativa, los animales podrán quedar en depósito del presunto infractor, el cual se documentará mediante recibo que se adjuntará a la denuncia. En estos casos, la multa que deba corresponder por la comisión de la infracción se incrementará en 120 euros por animal utilizado. Si los animales tienen un origen ilegal, el expediente resolverá su decomiso definitivo y establecerá el destino que se les dará.

5. Cuando las artes materiales o los medios utilizados para cometer la infracción son de uso ilegal o excepcional serán destruidos o cedidos a entidades científicas que puedan usarlos de forma legal, una vez hayan servido como prueba de la denuncia y la resolución del expediente sancionador sea firme.

6. En las resoluciones de los expedientes sancionadores se decidirá sobre el destino de los decomisos, acordándose su destrucción, alienación o devolución a sus propietarios, en función de las características de éstos y de las circunstancias de la infracción.

1. Los agentes de la autoridad procederán a la retirada de las armas y darán recibo de la clase, la marca, el número y el lugar donde se dispongan, cuando hayan servido para cometer una infracción presuntamente grave o muy grave.

2. Las armas, independientemente del tipo de infracción, deberán decomisarse si el hecho es la falta de cualquier documento relacionado con el arma o cuando exista una situación de peligro o riesgo para las personas.

3. La negativa a entregar el arma, cuando el presunto infractor sea requerido a ello, da lugar a denuncia ante el juzgado competente, a los efectos establecidos en la legislación penal.

4. Las armas, si son de tenencia lícita, han de ser devueltas de acuerdo con los siguientes supuestos:

a) Cuando la resolución recaída en el expediente sea absolutoria o cuando se acuerde el sobreseimiento o el archivo de éste. En cualquiera de estos casos, la devolución es gratuita.

b) Cuando se haya hecho efectiva la sanción impuesta, así como la posible indemnización, en los supuestos de infracción. El rescate del arma requiere el pago de la cuantía de 100 euros.

No obstante, el instructor del expediente puede acordar, una vez dictada la propuesta de resolución, la devolución del arma si el presunto infractor satisface la cuantía del rescate y presenta aval bancario que garantice el importe total de la sanción y la indemnización propuestas.

5. A las armas decomisadas no recuperadas por sus propietarios, se les da el destino establecido en la legislación en la materia.

6. A los efectos de agilizar la tramitación de los expedientes sancionadores y la devolución de los decomisos, en su caso, en el caso de no reincidentes, una vez iniciado el expediente, la administración competente en materia de caza podrá efectuar la devolución del arma una vez el interesado haya satisfecho un rescate que no será retornable de 300 euros por cada arma, siempre que no haya indicios de infracciones muy graves. El impago por parte del infractor dentro del período voluntario de la sanción impuesta supondrá el nuevo decomiso del arma, que no será devuelta hasta el cierre del expediente.

13. Participar en la comercialización, publicitar, organizar, llevar a cabo, cooperar o promover cualquier acto conducente a cacerías fraudulentas o ilegales, aunque no exista ánimo de lucro, o no se haya consumado el hecho de cobrar la pieza.

9. Cazar o autorizar la caza sin tener aprobado el correspondiente plan técnico de caza o no haber satisfecho su matrícula anual.

10. Incumplir las normas contenidas en el plan técnico de caza de un terreno cinegético si este incumplimiento afecta a derechos de terceros o al ordenado aprovechamiento de la caza.

11. Cazar o entrar con armas o medios dispuestos para la caza en un terreno no cinegético o en un terreno cinegético sin tener la autorización del titular.

12. Impedir la entrada a los terrenos cinegéticos, impedir o dificultar las inspecciones o las actuaciones de los agentes de la autoridad o de sus auxiliares en el ejercicio de sus funciones.

17. Transportar, comercializar o liberar piezas de caza vivas, incluidos los huevos de pájaros, sin autorización, si su valor comercial es inferior a 500 euros y superior a 100 euros, o comercializar o hacer publicidad de ofertas de caza no ajustadas a la normativa vigente.

28. No vaciar el arma al aproximarse al cazador un agente de la autoridad o sus auxiliares.

37. Cazar o transportar especies protegidas o piezas de caza cuya edad o sexo, en caso de que sean notorios, no concuerden con los legalmente permitidos o no cumplan los requisitos reglamentarios.

38. Cazar fuera del período comprendido entre media hora antes de la salida del sol y media hora después de su puesta, o una hora antes de la salida del sol y una hora después de que se haya puesto en el caso del tordo y de las aves acuáticas.

48. Tener los perros de caza en condiciones inadecuadas según prevé la normativa sectorial vigente.

3. Incumplir la normativa de un plan técnico, coto social o terreno de caza controlada, en aspectos que no afecten a los derechos de terceros o a la abundancia de la caza.

12. Incumplir las prescripciones de esta ley en relación con el registro, la identificación y la vacunación de perros.

13. Llevar el arma preparada para su uso, con munición en la recámara o en el cargador, dentro de una zona de seguridad.

21. Cazar sin llevar encima la documentación preceptiva, siendo el titular de la misma.

22. Poseer artes ilegales o animales de caza (hurones, aves de cetrería o perdices de reclamo) sin la preceptiva autorización o incumpliendo las condiciones fijadas en ésta.

23. Cazar palomas domésticas no marcadas, de color distinto a las salvajes.

24. Poseer o transportar piezas de caza en condiciones irregulares cuando no constituya infracción grave o muy grave.

25. Transportar armas preparadas para su uso en vehículos de cualquier tipo, aeronaves, automóviles y embarcaciones.

26. Incumplir las condiciones de una autorización de caza científica o de control de una especie.

27. Incumplir los requisitos, las obligaciones, las limitaciones o las prohibiciones establecidas en esta ley, cuando no sea constitutivo de infracción grave o muy grave.

28. Cazar con la licencia de caza caducada en un período no superior a los dos meses.

29. Incumplir las condiciones fijadas para el control de predador con jaulas trampa, cuando de este incumplimiento se derive la muerte del animal capturado o su daño injustificado.

30. Incumplir lo establecido en la resolución anual de vedas y en la normativa de desarrollo de esta ley, cuando no sea constitutivo de infracción grave o muy grave.

Las sanciones correspondientes a infracciones en aplicación de los apartados 2 y 6 de este artículo se fijarán dentro del tercio superior de la cuantía establecida.

1. Por la comisión de las infracciones de caza tipificadas en la presente ley se imponen las siguientes sanciones:

c) Infracciones muy graves, multa de 2.001 a 20.000 euros y retirada de la licencia de caza, así como inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre dos y cuatro años.

4. En caso de infracción leve por no llevar encima documentación preceptiva durante el ejercicio de la caza, siendo su titular, si éste la aporta antes de la apertura del expediente, podrá acordarse por parte del órgano instructor su no apertura.

5. La apertura de expediente por la captura o la muerte de especies catalogadas como amenazadas implica la retirada preventiva de la licencia de caza, mientras se resuelve el procedimiento iniciado.

6. La retirada de licencia de caza, preventiva o firme, debe comunicarse a la Delegación del Gobierno, a los efectos oportunos en relación con la autorización gubernativa de tenencia de armas.

7. Las sanciones deben inscribirse en el Registro de infractores y comunicar, en su caso, a las autoridades cinegéticas de la comunidad autónoma donde resida el infractor, a los efectos oportunos en relación con la renovación de la licencia.

8. Los consejos insulares, por vía reglamentaria, podrán establecer un sistema de penalización por puntos para la retirada de la licencia de caza y para los plazos de inhabilitación para obtenerla, en relación con las infracciones tipificadas en la presente ley.

La medida de los peces y crustáceos es la definida en el artículo 5 del Reglamento CEE 3094/86, de 7 de octubre.

4. El período de validez de estas licencias es de un año.

5. Los peticionarios de licencias de pesca que han sido sancionados por sentencia judicial o resolución administrativa firmes como infractores de la legislación en materia de pesca fluvial, no pueden obtener ni renovar la citada licencia sin haber cumplido las penas o satisfecho las sanciones impuestas.

6. Las personas que acrediten la condición de pensionistas, mayores de 65 años o menores de 14, están exentas de la tasa para la obtención de la licencia de pesca fluvial y de los permisos administrativos para su práctica.

b) Aparatos electrocutantes o paralizantes, fuentes luminosas artificiales, sustancias tóxicas, paralizantes, tranquilizantes, desoxigenantes, atractivos o repulsivos, así como los explosivos.

c) Cualquier procedimiento que implique la instalación de obstáculos o barreras de madera, piedra, mallas o cualquier otro material o la alteración de lechos o caudales con el objeto de facilitar la pesca, con las excepciones establecidas en esta ley. Deben ser destruidos los existentes en la actualidad, sin que pueda alegarse ningún derecho sobre los mismos, dado el carácter abusivo que revisten. Se exceptúan de esta disposición los corrales existentes en la Albufera des Grau, por su valor etnológico, sin que se pueda pescar en sus bocas o en su interior.

d) Ganchos, tridentes, fisgas, arpones, nasas, esparaveles, mangas, palangres, robadoras y lienzas.

e) Los peces vivos como cebo, así como echar cebo antes o durante la pesca, excepto para la pesca de ciprínidos, para lo que se requerirá autorización de la consejería competente en materia de pesca fluvial.

2. Queda prohibido pescar en los diques o en las presas, así como en los pasos y en las compuertas, y a una distancia menor de 20 metros de éstos, salvo autorización concedida por la consejería competente en materia de pesca fluvial, donde se fijen los tramos que comprenden la citada autorización.