Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia

Artículo 55 bis. Código de buen gobierno. 1. Mediante un acuerdo de su asamblea general, las federaciones deportivas gallegas aprobarán un código de buen gobierno en el que se establezcan las prácticas de buena gobernanza e integridad de la federación, las reglas en materia de transparencia, el código de conducta para sus órganos de gobierno, junta directiva y comisión delegada y sus miembros, además de las normas relativas a la gestión y control de todas las transacciones económicas que efectúe la federación. 2. Sin perjuicio de otras reglas que puedan establecerse, el código tendrá por contenido mínimo las siguientes obligaciones: a) Mantener el secreto de los datos e informaciones que se obtengan mediante el desempeño de un cargo en la federación, de forma que no se puedan utilizar esos datos o informaciones en beneficio propio o de terceros. b) No hacer un uso indebido del patrimonio federativo, ni valerse de la propia posición para obtener ventajas patrimoniales. c) Instituir un sistema de autorización de operaciones donde se establezca la persona o personas que deben autorizar con sus firmas cada una de las operaciones que, en función de su cuantía, realice la federación, regulando un sistema de segregación de funciones en el que ninguna persona pueda intervenir en todas las fases de una misma transacción económica. d) La presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente y miembros de la junta directiva, la comisión delegada o la asamblea general, así como cualquier otro personal directivo federativo deberán suministrar información relativa a la existencia de relaciones de carácter contractual, comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la federación de que forman parte. e) La incompatibilidad del cargo de presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente y miembro de la junta directiva, la comisión delegada o la asamblea general, así como de cualquier otro cargo directivo federativo con el ejercicio de funciones retribuidas de asesoramiento profesional con esa federación o con la prestación de servicios profesionales diferentes de los que implique el cargo y bajo relación laboral, civil o mercantil. f) El deber expreso de incluir el principio de igualdad y no discriminación por razón de género. g) El sometimiento, en la contratación de obras, servicios y suministros, a los principios de publicidad, concurrencia y transparencia de los procedimientos, de no discriminación e igualdad de trato de las candidaturas y de libre competencia. h) El establecimiento de los criterios objetivos de distribución de ayudas o becas por parte de la federación. i) El presidente o presidenta de la federación no podrá ostentar el cargo más de cuatro mandatos. A pesar de lo anterior, podrá optar a un único mandato adicional en el supuesto de que la suya sea la única candidatura a la presidencia, cuando así lo aprueben expresamente dos tercios de los miembros de la asamblea general o cuando concurran razones de interés deportivo, organizativo o institucional que justifiquen la continuidad de la presidencia, tales como la existencia de planes estratégicos plurianuales en ejecución, dirección de proyectos o eventos de carácter estratégico, ejercicio de cargos representativos en organizaciones estatales o internacionales o cualquier otro supuesto excepcional. Este mandato adicional deberá ser autorizado, previa y motivadamente, por la administración autonómica con competencias en materia de deporte. 3. Las federaciones deportivas gallegas deberán cumplir las obligaciones de publicidad activa previstas en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, o normativa que la sustituya. Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa en vigor, las federaciones deportivas gallegas publicarán en sus respectivas páginas web: a) El código de buen gobierno regulado en este artículo. b) Las actas de la asamblea general y, en su caso, los extractos de las actas de las reuniones de la junta directiva y la comisión delegada, con referencia expresa a los acuerdos adoptados. c) Los calendarios deportivos. 4. El incumplimiento del código de buen gobierno o de las obligaciones de transparencia supondrá un supuesto de infracción muy grave de los previstos en la letra k) del artículo 116 de esta ley.

Artículo 128 bis. Acción popular. 1. La Administración de la Xunta de Galicia podrá ejercer la acción popular en los procedimientos penales por violencia en el deporte, en la forma y en las condiciones establecidas por la legislación procesal. 2. El ejercicio de la acción popular por parte de la Administración de la Xunta de Galicia no se llevará a cabo si existe negativa expresa por parte de la víctima o, en su caso, de quien ejerza su representación legal.

Artículo 165. Prescripción de infracciones y sanciones. 1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años y las leves, a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por faltas graves, a los dos años y las impuestas por faltas leves, al año. 2. El plazo de prescripción de las infracciones empezará a contar desde el día en que la infracción se haya cometido. En caso de infracciones continuas o permanentes, el plazo empezará a correr desde que finalizó la conducta infractora. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. Se reiniciará el plazo de prescripción si el expediente sancionador hubiese estado paralizado durante más de un mes por una causa no imputable al presunto responsable. 3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución mediante la que se impone la sanción o transcurriera el plazo para recurrirla. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución. Volverá a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por una causa no imputable a la persona infractora.

Artículo 166. Concurrencia de procedimientos penales, administrativos y disciplinarios. 1. La incoación de un proceso penal no será obstáculo para la iniciación, en su caso, de un procedimiento administrativo y disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en ellos hasta que recaiga una sentencia o un auto de sobreseimiento firmes en la causa penal. En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución que ponga término al proceso penal vinculará la resolución que se dicte en los procedimientos administrativo y disciplinario, sin perjuicio de la distinta cualificación jurídica que puedan merecer en una u otra vía. Solo podrá recaer una sanción penal, administrativa y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no exista identidad de fundamento jurídico. 2. Cuando a una misma persona física o jurídica y con identidad de hechos le resulten simultáneamente aplicables sanciones administrativas y disciplinarias previstas en la presente ley, será de tramitación preferente el procedimiento administrativo sancionador. Cometido el hecho infractor en que pueda producirse concurrencia de responsabilidad administrativa y disciplinaria, el órgano competente para la instrucción de cada uno de los procedimientos estará obligado a iniciarlo y a notificar la incoación del expediente al órgano recíproco, administrativo o federativo, según el caso. 3. Cuando un órgano federativo reciba la notificación de incoación de un expediente administrativo sancionador relativo a sujetos y hechos idénticos a los que estén dando lugar a la tramitación de un expediente disciplinario, suspenderá la tramitación del procedimiento y lo notificará al órgano administrativo que tramite el procedimiento sancionador. En caso de que no exista identidad de sujetos, hechos o fundamentos jurídicos, podrá, no obstante, continuar la tramitación del procedimiento disciplinario. 4. Una vez finalizado el expediente administrativo sancionador, el órgano competente para resolverlo notificará el acuerdo resolutorio al órgano disciplinario federativo que comunicó la suspensión del procedimiento, quien levantará la suspensión y adoptará uno de los siguientes acuerdos: a) Continuar el procedimiento disciplinario cuando no exista identidad de fundamentos jurídicos para la imposición de la sanción o, cuando habiéndola, la sanción administrativa sea inferior a la que pueda corresponder a consecuencia del procedimiento disciplinario. b) Acordar el archivo de las actuaciones cuando exista identidad de fundamentos jurídicos y la sanción administrativa sea igual o superior a la que pueda imponerse a consecuencia del procedimiento disciplinario. 5. En caso de que el órgano disciplinario decida continuar el procedimiento sancionador por existir identidad de fundamentos jurídicos pero la infracción sea susceptible de una sanción superior a la administrativamente impuesta, la resolución del expediente disciplinario reducirá la sanción aplicable en la cuantía o entidad que corresponda por la aplicación de la sanción administrativa previa, haciendo constar expresamente la cuantía de la reducción en la resolución del procedimiento. 6. En caso de que recaiga una resolución judicial que anule total o parcialmente la sanción administrativa, el órgano que la dictó notificará este hecho al órgano disciplinario federativo que en su día le haya comunicado la incoación del procedimiento, a fin de que este proceda a archivar las actuaciones, salvo que no exista identidad de fundamentos jurídicos entre la sanción administrativa anulada y la eventual sanción disciplinaria que pueda imponerse, en cuyo caso procederá conforme a lo dispuesto en la letra a) del punto 4 de este artículo.